Se vulnera el derecho a la educación en Melilla.
El Ministerio de Educación de España, a través de su Dirección Provincial en Melilla, impide sistemáticamente la escolarización a los hijos de inmigrantes ilegales.
Vulnera así un derecho fundamental de los menores y niega una realidad, amparándose en que Melilla, al ser un territorio fronterizo, no puede acoger a todos los marroquíes que crucen la frontera y pidan una plaza escolar para sus hijos. Cosa que es totalmente falsa, pues sólo intentan matricular a sus hijos, personas con arraigo en la ciudad, que por otro lado no han sido documentadas por las política ejercida por la administración.
Según la Orden EDU/770/2010 de 23 de marzo, "el Ministerio de Educación garantizará un puesto escolar gratuitos a los alumnos del segundo ciclo de la educación infantil cuyos padres o tutores legales así lo soliciten".
Pero lo que está haciendo la Dirección Provincial de Educación es metar esas solicitudes en un cajón y los nombres de esos niños no salen en niguna lista, ni en la de admitidos, ni en la de excluidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto ilegal? ¿A quién podemos recurrir? Siento una indefensión absoluta, pues es la propia Administración la que está saltándose la ley.
Vulnera así un derecho fundamental de los menores y niega una realidad, amparándose en que Melilla, al ser un territorio fronterizo, no puede acoger a todos los marroquíes que crucen la frontera y pidan una plaza escolar para sus hijos. Cosa que es totalmente falsa, pues sólo intentan matricular a sus hijos, personas con arraigo en la ciudad, que por otro lado no han sido documentadas por las política ejercida por la administración.
Según la Orden EDU/770/2010 de 23 de marzo, "el Ministerio de Educación garantizará un puesto escolar gratuitos a los alumnos del segundo ciclo de la educación infantil cuyos padres o tutores legales así lo soliciten".
Pero lo que está haciendo la Dirección Provincial de Educación es metar esas solicitudes en un cajón y los nombres de esos niños no salen en niguna lista, ni en la de admitidos, ni en la de excluidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es esto ilegal? ¿A quién podemos recurrir? Siento una indefensión absoluta, pues es la propia Administración la que está saltándose la ley.
