Expediente disciplinario y posibilidad de incapacidad

Me dirijo a ustedes para consultarles una duda que me tiene algo nerviosa. Hace un mes se puso en contacto conmigo una profesora interina que había sido sancionada mediante apertura de expediente disciplinario, por el que está suspendida de empleo durante 6 meses. Ella se puso en contacto conmigo porque quería que la evaluara e hiciera un informe pericial (soy psicóloga forense). La abogada de esta profesora tiene pocos medios para defenderla, ya que se le acusa de no estar dotada de habilidades pedagógicas, ni de saber imponerse, ni de poner control y disciplina en la clase. Esta señora impartía clases en un instituto donde hay bastantes menores con problemas de conducta, y no es tarea fácil para nadie imponer límites a estos menores, pero el problema es que esta profesora tiene a todos los profesores, alumnos, padres de alumnos e inspector de educación (éste le supervisa una de las clases no quedando contento con el resultado, ya que en esta supervisión los menores se levantaban de sus asientos, insultaban a la profesora, se reían de ella, etc... Y el informe que este señor realiza es totalmente negativo para esta señora). Además, la directora del centro le entrega una carta del APA, en la que los padres de los alumnos expresan su descontento hacia esta señora tachándola de desequilibrada mental. Podrán apreciar que tiene a todo el mundo en contra y que nadie va a testificar a su favor; la única persona que puede aportar algo positivo soy yo. En la evaluación clínica (le pase algunas escalas para valorar el grado de daño sufrido a raíz de este episodio de apertura de expediente sancionador, así como la escala Leymann para valorar el grado de acoso moral sufrido) se refleja el trastorno que padece esta profesora y que es valorado como grave: trastorno delirante, así como rasgos profundos de personalidad paranoide y personalidad compulsiva. Lo cierto es, que cuando me entrevisté con esta persona le noté falta de expresividad en el rostro y en la entonación de voz, cierta distancia y frialdad, así como una mirada completamente fija, por lo que deduje que algún trastorno o síndrome parecido saldría reflejado en la prueba de Millón, y no me equivoqué. Bien, ahora viene el problema, y es que la afectada no quiere que se haga el informe pericial porque tiene terror a que los demás se puedan enterar de que tiene un trastorno, y lo más incomprensible del caso es que el inspector de educación solicitó una inspección médica para esta señora antes de abrirle el expediente sancionador; la inspección médica no se llevó a cabo, pero sí la suspendieron de empleo durante 6 meses. En el instituto sabían que a esta persona le sucedía algo y en lugar de ayudarla se la quitaron de encima; su abogada y yo sabemos que han obrado con falta de humanidad y bondad, porque esta señora necesita ayuda y no necesita que se la castigue por ser una persona "diferente" o enferma. Ella no quiere que haga de testigo en el juicio porque tiene miedo de que salga reflejado lo del trastorno delirante, pero la abogada le dice que es el único camino posible de defensa teniendo a todo el instituto y al inspector de educación en contra (es un instituto de la isla de Lanzarote). Y lo que más la paraliza es la posibilidad de que se le abra un proceso de incapacitación permanente, porque ella adora su trabajo y no quiere dejar de trabajar. ¿Creen ustedes que sería aconsejable intentar convencer a esta señora para que se presente el informe pericial? ¿En qué creen que le beneficiaría dicho informe? ¿En qué creen que le perjudicaría dicho informe? ¿Hay posibilidades de que el juez lo vea como un hecho discriminatorio el que le hayan abierto un expediente sancionador a una persona que está enferma? ¿Creen ustedes que se instara un proceso de incapacitación?.