Anónimo
Los opositores nos sentimos engañados
Somos un grupo de opositores de una Comunidad Autónoma que queremos defender nuestros derechos respecto a las acciones que dicha Administración está llevando a cabo.
La Administración en cuestión está llevando a cabo una reestruturación de todo el entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias, etc. Con el objetivo de reducir su número y, supuestamente, reducir el gasto público. Pero, tal y como ya han apuntado grupos políticos de la oposición y algunos sindicatos, la reducción del coste será prácticamente insignificante.
El problema que nos afecta como opositores viene dado porque el personal de dichos entes (aproximadamente 25.000 personal EXTERNO que trabaja en la Administración sin haber tenido que pasar unas oposiciones) previsiblemente serán reabsorbidos por la Administración porque, tal y como ha señalado la Consejera encargada de este tema, esto no supondrá despidos. Se habla incluso de que este personal pase a ser personal laboral, por lo que ya serían empleados públicos (con la consiguiente posibilidad de pasar a ser funcionarios) sin tener que pasar por un proceso selectivo llevado a cabo por la propia Administración tal como se recoge en la legislación relacionada.
Esto se une a que las bolsas, formada por opositores que han pasado por un duro proceso de selección tras horas y años interminables de estudio, llevan paradas meses, con la sola explicación de que no hay dinero por la crisis y de que no hace falta más personal. Entonces nos preguntamos, ¿cómo 25.000 externos podrán ser pasados a personal laboral (repito, sin las exigencias legales para su nombramiento) si no existe dinero y no hay vacantes?
Además, el problema se agrava porque, al ser estos puestos de la RPT ocupados por este personal, previsiblemente no habrá Oferta de Empleo Público. Incluso, el Presidente de la Comunidad Autónoma hizo unas declaraciones enfocadas a la posible congelación de las OEPs hasta mínimo 2013, con el consiguiente perjuicio para miles de opositores que hemos sacrificado mucho tiempo, dinero, salud y momentos vitales.
Por todo esto y considerando que se vulnera lo establecido en diversa legislación sobre Función Pública, aunque somos conscientes de su dificultad, queremos emprender acciones legales.
Nos gustaría que nos pudiera orientar sobre cuáles son los mecanismos legales de los que disponemos y cuáles son los primeros pasos que debemos dar.
Muchas gracias de antemano y disculpe por la longitud de la exposición.
La Administración en cuestión está llevando a cabo una reestruturación de todo el entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias, etc. Con el objetivo de reducir su número y, supuestamente, reducir el gasto público. Pero, tal y como ya han apuntado grupos políticos de la oposición y algunos sindicatos, la reducción del coste será prácticamente insignificante.
El problema que nos afecta como opositores viene dado porque el personal de dichos entes (aproximadamente 25.000 personal EXTERNO que trabaja en la Administración sin haber tenido que pasar unas oposiciones) previsiblemente serán reabsorbidos por la Administración porque, tal y como ha señalado la Consejera encargada de este tema, esto no supondrá despidos. Se habla incluso de que este personal pase a ser personal laboral, por lo que ya serían empleados públicos (con la consiguiente posibilidad de pasar a ser funcionarios) sin tener que pasar por un proceso selectivo llevado a cabo por la propia Administración tal como se recoge en la legislación relacionada.
Esto se une a que las bolsas, formada por opositores que han pasado por un duro proceso de selección tras horas y años interminables de estudio, llevan paradas meses, con la sola explicación de que no hay dinero por la crisis y de que no hace falta más personal. Entonces nos preguntamos, ¿cómo 25.000 externos podrán ser pasados a personal laboral (repito, sin las exigencias legales para su nombramiento) si no existe dinero y no hay vacantes?
Además, el problema se agrava porque, al ser estos puestos de la RPT ocupados por este personal, previsiblemente no habrá Oferta de Empleo Público. Incluso, el Presidente de la Comunidad Autónoma hizo unas declaraciones enfocadas a la posible congelación de las OEPs hasta mínimo 2013, con el consiguiente perjuicio para miles de opositores que hemos sacrificado mucho tiempo, dinero, salud y momentos vitales.
Por todo esto y considerando que se vulnera lo establecido en diversa legislación sobre Función Pública, aunque somos conscientes de su dificultad, queremos emprender acciones legales.
Nos gustaría que nos pudiera orientar sobre cuáles son los mecanismos legales de los que disponemos y cuáles son los primeros pasos que debemos dar.
Muchas gracias de antemano y disculpe por la longitud de la exposición.
1 Respuesta
Respuesta de joseamart
1
Me imagino que como bien sabe el asunto no es nada sencillo, sino más bien complicado, pues en principio la administración no está obligada a crear tantos puestos de funcionarios o a realizar las convocatorias cada por tiempo, el punto de partida por tanto no es sencillo
La cuestión es si se puede impugnar y que es lo que se puede impugnar
Evidentemente esto es una materia de derecho administrativo, es necesario que exista algún tipo de resolución de la administración que permita su impugnación, primero en vía de recurso administrativo y después por vía judicial, por lo que sería necesario que la administración dictará algún acto por el que se proveyera esos puestos por medio de personal laboral, entonces intentar impugnarlo argumentando que esas plazas corresponden a personal funcionario y que por tanto es necesario la convocatoria de pruebas selectivas para su cobertura
Se puede intentar entre todos o muchos de los opositores forzar una resolución de la administración presentando una reclamación para que se provean esas plazas, intentando enlazar con la cobertura por parte de personal no funcionario y partir de ahí intentar tener acceso a la vía judicial
El tema es muy complicado por lo que deberéis acudir a un abogado especializado en esta materia
La cuestión es si se puede impugnar y que es lo que se puede impugnar
Evidentemente esto es una materia de derecho administrativo, es necesario que exista algún tipo de resolución de la administración que permita su impugnación, primero en vía de recurso administrativo y después por vía judicial, por lo que sería necesario que la administración dictará algún acto por el que se proveyera esos puestos por medio de personal laboral, entonces intentar impugnarlo argumentando que esas plazas corresponden a personal funcionario y que por tanto es necesario la convocatoria de pruebas selectivas para su cobertura
Se puede intentar entre todos o muchos de los opositores forzar una resolución de la administración presentando una reclamación para que se provean esas plazas, intentando enlazar con la cobertura por parte de personal no funcionario y partir de ahí intentar tener acceso a la vía judicial
El tema es muy complicado por lo que deberéis acudir a un abogado especializado en esta materia
Tiene toda la razón en que el tema es muy complicado al tratarse de la Administración.
Es cierto que la Administración no está obligada a crear puestos para funcionarios, pero sí a publicar OEP anualmente, tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, el problema está en que a esos externos los quieren ubicar en puestos que, según la Relación de Puestos de Trabajo, corresponde a los empleados públicos.
Sin duda, es un tema muy delicado.
Muchísimas gracias por su interés.
Es cierto que la Administración no está obligada a crear puestos para funcionarios, pero sí a publicar OEP anualmente, tal como recoge el Estatuto Básico del Empleado Público. Además, el problema está en que a esos externos los quieren ubicar en puestos que, según la Relación de Puestos de Trabajo, corresponde a los empleados públicos.
Sin duda, es un tema muy delicado.
Muchísimas gracias por su interés.