Me reclama el Ayuntamiento una multa anterior a la nueva ley de Tráfico

El ayuntamiento de Motril (Granada) me reclama por vía de apremio una multa, ya pagada en su momento, por estacionamiento en carga y descarga , con fecha del 16 de Marzo de 2010. Si es anterior a la entrada en vigor a la nueva ley de tráfico de Mayo de 2010 , además de pagada , estaría prescrita ? Qué hago ?

Disculpe , que de nuevo vuelva a consultarle, pero han sido 14.000 multas las enviadas de golpe por el Ayuntamiento de Motril , desde 2009 en adelante, algunas muy irregulares.

Y hay una gran expectación con su respuesta. Por lo que le pregunto en nombre de muchos.

Me dice en su última comunicación que "para que pueda aplicarse la prescripción el tiempo debe ser ininterrumpido".

Pues bien, la infracción es de Marzo/2010, entra nueva Ley de Tráfico en vigor el 25 de Mayo/2010, sale publicada resolución en BOP en Junio/2010. Y recibo apremio en Mayo/2014. Es que no ha pasado más de un año ininterrumpido desde Junio/2010 hasta Mayo/2014, contando con que la legislación aplicable es la vigente en el momento de la infracción ??? No se ha extinguido ya el derecho de la administración a reclamármela ??

Por cierto , fui al Ayuntamiento a pedir copia de la carta de pago y me dijeron que por el código de barras aparecía como no pagada. Pero la multa que yo pagué no tenía código de barras ya que el Ayuntamiento no se informatizó hasta un año después. Si todo esto ha sido debido a un error informático del Ayuntamiento...Algún consejo para la Plataforma de Afectados que ya se ha creado ??

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Puede interponer un recurso contra esa multa alegando la prescripción de la infracción.

Ver: como recurrir ante la administración

Probablemente el Ayuntamiento ha enviado esas multas de modo masivo con un claro ánimo recaudatorio. Canalizar los recursos por medio de una plataforma de afectados es lo mejor que han podido hacer. Bastará con facilitar a los ciudadanos la información que necesitan para interponer los recursos y captar la atención de los afectados mediante un medio de comunicación local, para que dichos afectados tengan conocimiento de su derecho a interponer los respectivos recursos.

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