¿Puede un gobierno expropiar empresas privadas?
¿Con que autoridad un gobierno puede expropiar empresas privadas y estatizarlas en el marco de una democracia donde existen leyes y sujetos de derecho...
Me viene a la memoria el caso Rumasa el año 1.97xx y también en el 2.015 por actividades delictivas y por eso y otras causas la mayoría de los hijos de Ruiz Mateos hoy están en la cárcel
Y en el caso de otras empresas diría que podría ser legal si tienen impuestos sin pagar a Hacienda, seguridad social, etc.
Si cree que su empresa, si la tiene, lo mejor es ponerse en manos de un abogado que le asesore y se adelante a las circunstancias que pudieran provocar una expropiación o embargo
Pero lo pregunto porque en Venezuela, en la ciudad industrial de Maracay, las fabricas están abandonadas. Menos del 20 % de las fabricas del país sigue operativa, la industria esta en ruinas, Chavez lanzo un programa de expropiación a gran escala y a la vez, el gobierno importo masivamente mercancías con la subvención de petrodólares; en lugar de estimular el sector privado.
Así se privo de poder y riqueza a las antiguas élites económicas y aumento la dependencia de la población respecto del estado. Ahora Venezuela depende casi por completo de la esportacion de petroleo, oro y coltan.
Casi todos los bienes de uso cotidiano se tienen que importar.
Y me pregunto, ¿con qué autoridad expropio empresas privadas si son privadas?
Eso podría ser legal si como ud dice, la empresa no paga impuestos o esta en deua con el Estado. Pero si esta too en orden. Un gobierno no puede hacer eso, ¿es ilegal... o me equivoco?
Pensaba que la consulta afectaba a una española y se refería a España... pero refiriéndose a Venezuela con 2 gallos de pelea (Maduro y Guaido) que los dos presumen de ser el legitimo presidente no se que decir
¿En una democracia plena y consolidada no habría problema pero en Venezuela?
1 respuesta más de otro experto
y cual seria la diferencia?
La expropiación es una institución jurídica perfectamente lícita y correcta, la confiscación es un abuso de poder, en la primera se indemniza al expropiado, por necesidad social, en la segunda se le priva caprichosamente de sus derechos.